La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 436 votos modificar el
decreto que obliga a los editores al depósito legal de sus obras, para que
éstas se entreguen digitalizadas e impresas para contribuir a la integración
del patrimonio editorial del país. De esta manera se definió que toda
publicación que constituye una expresión literaria, educativa, científica,
artística, informativa-técnica se considera parte del patrimonio cultural de la
nación.
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